Una Medida de Protección
El Senado de Puerto Rico ha dado un paso importante en la lucha contra la violencia sexual. En enero de 2023, se reportaron 417 incidentes de violencia sexual en la isla. Esta alarmante estadística ha llevado a una enmienda al Código Penal y la Ley de Libertad Bajo Palabra que añade los delitos de incesto y trata humana a las exclusiones de este beneficio.
La Ley 85-2022 ya excluía de la libertad bajo palabra a personas convictas por delitos de agresión sexual o pornografía infantil. La P. de la S. 1289, propuesta por la senadora Elizabeth Rosa Vélez, busca ampliar esta exclusión para abordar el creciente problema de abuso sexual a menores en la isla.
El proyecto es una respuesta al aumento significativo en los casos de maltrato a menores en Puerto Rico. La senadora Rosa Vélez, al presentar la medida, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los niños que no pueden defenderse. "Con este proyecto, buscamos mitigar un poco el sufrimiento de estos niños después de que la puerta se cierra, cuando ninguno de nosotros los puede defender", afirmó.
El Plan Nacional para la Prevención de Maltrato a Menores en Puerto Rico realizó un estudio piloto que reveló los efectos a largo plazo del abuso sexual en los menores. Estos efectos incluyen problemas de autoconcepto, hipervigilancia y agresividad, entre otros. El abuso y el maltrato dejan cicatrices emocionales y mentales que los menores llevan consigo durante toda su vida.
El proyecto ha recibido opiniones diversas. Mientras algunos argumentan que ya existen leyes estatales y federales para proteger a los niños de los delitos sexuales, otros creen que los ofensores sexuales, en especial los de incesto y trata humana, deben estar excluidos de cualquier beneficio que permita la libertad bajo palabra.
El Departamento de la Familia expresó su apoyo a la medida, destacando que el abuso sexual es un grave problema social que afecta a la seguridad y el bienestar de las personas. La Alianza para la Paz Social también endosó el proyecto, enfocándose en la necesidad de proteger a los menores.
Sin embargo, la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) considera inadecuadas las premisas de la medida, argumentando que toda persona convicta de estos delitos debe tener la oportunidad de ser evaluada y considerada. Además, señalan las consecuencias económicas para el Estado, ya que mantener a una persona confinada en Puerto Rico es costoso.
La enmienda fue aprobada con 21 votos a favor y uno en contra en el Senado y ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes. Esta medida es un paso significativo en la protección de los menores y la lucha contra la violencia sexual en Puerto Rico.
Fuente: Noticel
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